[0:00]Muchos que han muerto, muertos.
[0:07]No pueden. Se murió mi hijo, Martín. El 5 de junio de 2009, sucedió un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños y niñas de entre 5 meses y 4 años de edad. Además, 104 personas resultaron con lesiones graves o expuestas a gases tóxicos. Hasta hoy se desconoce si el incendio fue provocado o accidental, debido a inconsistencias en las investigaciones realizadas. La guardería funcionaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el cuidado de los menores era proporcionado por particulares. La guardería era una bodega adaptada que compartía pared con un almacén de papel. Cuando este comenzó a incendiarse, rápidamente el fuego se pasó a la estancia infantil, que no tenía las condiciones necesarias para una evacuación eficiente en caso de siniestro. La guardería no contaba con salidas de emergencia y personal suficiente. Tenía defectos en los detectores de humo y ausencia de recubrimiento del techo con un plafón de material inflamable. Sumado a puertas de difícil acceso que impidieron la salida del personal y los menores. Estas condiciones expusieron una serie de irregularidades que derivaron en el cese de funcionarios del IMSS involucrados en la tragedia. El caso provocó indignación en la sociedad y esta se agravó cuando un año después, los cuatro socios propietarios de la guardería quedaron libres al pagar una fianza, a pesar de que se les dictó prisión preventiva. Entre ellos se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama, Margarita Zavala. Además, la Suprema Corte de Justicia desvinculó del caso al ex gobernador de Sonora, Eduardo Burs. Ante esto, los padres de los menores fallecidos en la guardería ABC, presentaron la Ley 5 de junio, que promueve la existencia de medidas de seguridad y protección civil, así como autorizaciones y vigilancia en las estancias infantiles. La ley está activa desde octubre de 2011. En marzo de 2019, el caso se retomó por la administración federal y el IMSS presentó una demanda oficial contra Eduardo Burs por conducta omisa y negligencia, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil. Un año después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto presidencial para otorgar atención vitalicia a los afectados por el incendio. Así como el pago de una pensión a los padres de las víctimas y afectados por el siniestro. En cuanto al tema de justicia, el caso se turnó a la Fiscalía General de la República para darle seguimiento y castigar a los responsables.
