[0:01]En 1905, la educación se convierte otra vez en un tema de debate en la Argentina. A 20 años de la sanción de la Ley 1420, sectores del gobierno conservador de Manuel Quintana insinúan la posibilidad de impulsar cambios en el sistema educativo. Se vive un clima de descontento social y el gobierno utiliza la violencia y la represión para silenciar cualquier tipo de protesta. El movimiento obrero, integrado en su mayoría por inmigrantes, reclama mejores condiciones de vida. Ante ese contexto, el senador Manuel Lainez argumenta que la educación debe ser la herramienta para integrar a los hijos de los recién llegados. Considera que erradicar el analfabetismo posibilitará mejorar las condiciones de vida de los argentinos y asegurará la necesaria paz social sin recurrir a la violencia. Pronto, la figura de Lainez quedará asociada a una ley que transformará el desarrollo de la educación primaria en el país.
[2:04]Manuel Lainez nace en 1852 en el seno de una reconocida familia porteña. Con apenas 15 años ingresa como corrector del Diario la Tribuna. Al culminar sus estudios secundarios, viaja con su tío Miguel Cané a Estados Unidos y Europa. A su regreso es ascendido a periodista en el diario.
[2:31]En esa función conoce al presidente Sarmiento quien, poco después, lo envía como funcionario de la embajada Argentina en los Estados Unidos. Sin embargo, pasa poco tiempo en ese país. Y en 1874 ya se encuentra nuevamente en la Argentina como parte de la redacción de la Tribuna Nacional, diario ligado al Partido Autonomista Nacional. Más tarde, gracias al impulso de Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Lainez se desempeña en la Secretaría del Senado. En 1881, Lainez funda y dirige su propio periódico llamado El Diario. Mientras tanto, en el plano político, a partir de 1880, el Partido Autonomista Nacional de corte liberal, que lidera Julio Argentino Roca, controla los resortes del poder mediante el fraude y la manipulación de las elecciones. A partir de 1883, se discute en el Congreso la sanción de una Ley de Educación Común para la capital y los territorios y colonias nacionales. Esta legislación pone de manifiesto la necesidad de la enseñanza pública y laica. En 1884, Lainez es elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. Su experiencia periodística le da un estilo llano que lo distingue del resto de los legisladores, abocados generalmente a hacer relucir su perfil liberal ilustrado. Finalmente, el 8 de julio de 1884 se sanciona la Ley 1420. La nueva legislación marca algunos puntos claves. La educación debe ser obligatoria, gratuita, gradual y neutral en materia religiosa. La norma se aplica solo en la capital federal y los territorios nacionales, ya que, según la Constitución, la enseñanza primaria es privativa de cada provincia. El 12 de octubre de 1904, Manuel Quintana asume la presidencia de la República. El nuevo mandatario pertenece al sector político encabezado por Roca. Desde el Estado, este grupo edifica un proyecto económico liberal, basado en la exportación de materias primas y en la libre importación de productos manufacturados, que beneficia esencialmente a los sectores terratenientes, a los grandes comerciantes portuarios y al capital extranjero. A 4 meses de la asunción de Quintana, la Argentina entra en un período de convulsión. El 4 de febrero de 1905, las ciudades más importantes del país se convierten en escenario de una sublevación cívico-militar contra el gobierno. Se exige el fin del fraude electoral y la manipulación de las elecciones. Los reclamos son encabezados por el principal partido político de la oposición, la refundada Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Irigoyen. Finalmente, tras 4 días de enfrentamientos, las fuerzas leales a Quintana logran imponerse. Luego de acabar con la revuelta, el gobierno aprovecha para hostigar a otros sectores que, si bien no participan del alzamiento, cuestionan con sus demandas al poder. La represión cae entonces sobre parte del movimiento obrero. El gobierno ordena detener a militantes, disuelve protestas y cierra órganos de propaganda. Ante este panorama, el descontento social crece. Los trabajadores, que sufren de malas condiciones laborales y de vida, también cargan con años de lucha y represión sobre sus espaldas. La cárcel, la expulsión del país o la muerte forman parte de los riesgos que los militantes anarquistas y socialistas afrontan cotidianamente. Y algunos están dispuestos a responder a la violencia con más violencia. El régimen conservador comienza a mostrar signos de debilidad. Ese mismo año ocurre un hecho que genera conmoción. El 11 de agosto, Quintana es conducido en carruaje a la Casa Rosada, cuando un joven obrero catalán se interpone en su camino para matarlo. Dispara dos veces, pero el arma se traba y el presidente logra salvar su vida. El suceso genera una enorme impresión en la opinión pública. El fallido atentado contra Quintana causa estupor en la población. La policía detiene a Salvador Planes y Virella. La prensa hace hincapié en que el agresor simpatiza con las ideas anarquistas. Virella es un exponente más de tantos inmigrantes arribados al país en el último tiempo. Los recién llegados ofrecen su mano de obra para el desarrollo del país, pero también traen nuevas ideas políticas. El panorama con el que se encuentran los inmigrantes no es el más alentador. Tienen que lidiar con deplorables condiciones laborales, que se suman a la problemática habitacional. Viven hacinados en conventillos miserables que se multiplican en ciudades como Buenos Aires o Rosario. Y ante las protestas, las autoridades responden con represión. Mediante la Ley de Residencia, sancionada en 1902, el gobierno de turno puede expulsar arbitrariamente del país a todo aquel extranjero que sea considerado peligroso para el orden público. Esto afecta especialmente a sectores obreros que se ven seducidos por ideas de gran auge en Europa, como el socialismo, el sindicalismo revolucionario y el anarquismo. Sin embargo, el fuerte cuestionamiento al estado de las cosas no pasa desapercibido para las autoridades. Pronto, varios integrantes del partido del gobierno conservador que está en el poder intentarán revisar el rumbo social adoptado.
[9:44]Manuel Lainez adscribe al sector político del gobierno que pretende que no solo la economía tenga un rumbo liberal, sino que también se tomen medidas en lo político y social.
[10:00]Este grupo se denomina modernista. Consideran que sumar al escenario político a radicales y socialistas ayudará a contrarrestar el clima de malestar imperante. De esa manera, pretende acercarse más a una República democrática que a un régimen oligárquico. En ese marco, en 1904, Lainez se convierte en senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde su banca, Lainez considera que los crecientes índices de analfabetismo, tanto en la población de inmigrantes como en la criolla, son un impedimento para el crecimiento del país. Por eso, presenta un proyecto de ley para ampliar el horizonte educativo en el territorio nacional. Las intenciones del senador son concretas: por un lado, ampliar la difusión del ideario liberal, y por el otro, que las escuelas sirvan como red para detener el crecimiento del anarquismo y el socialismo. Lainez hace especial hincapié en la forma de administrar los ingresos públicos y en la situación del sistema educativo en el país. Dos cuestiones que, para el senador, están íntimamente relacionadas. Lainez auspicia la instalación de colegios nacionales en distintas ciudades del país. De esa manera, busca evitar las migraciones masivas de estudiantes hacia la capital. Como integrante de la Comisión de Finanzas, el senador busca optimizar el uso del tesoro nacional para la construcción, reparación y terminación de edificios públicos. Está convencido de que, con el dinero que se utiliza para construir una escuela normal, podrían hacerse varias. Con todos estos elementos, Manuel Lainez elabora un proyecto complementario a la Ley 1420. Su iniciativa busca ampliar el acceso a la educación mediante la construcción de escuelas en las provincias. De una población de 827,102 niños en condiciones de recibir instrucción primaria, solo 435,918 concurren a la escuela. El proyecto de Lainez apunta a que el Consejo Nacional de Educación se encargue de establecer en las provincias escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales. Además, pretende que se contemple la formación de los docentes que enseñan en dichas escuelas. En septiembre de 1905, el senador presenta el proyecto en el Congreso. Su intención es que la nueva ley contrarreste el flagelo del analfabetismo. El Consejo Nacional de Educación tendrá fondos para instalar escuelas primarias donde no las haya. Entre los principales argumentos que esgrime Lainez está el de asegurarse de que los recursos vayan donde tengan que ir. En este aspecto, el senador toma como ejemplo las subvenciones que el Estado gira a las provincias para instalar escuelas normales. El objetivo es racionalizar los gastos.
[13:43]Lainez asegura que, con el dinero que el Estado gasta en un soldado al año, pueden educarse 100 niños. En otras palabras, 100 niños educados evitan la existencia de un soldado que los reprima. Una vez instalado el tema, aparecen las primeras voces cuestionadoras. Se discute si los contenidos deben ser generados desde el gobierno nacional o si cada provincia puede hacer sus propios planes. También se debate sobre el dinero disponible para invertir en infraestructura y en personal docente. Pero uno de los aspectos más controvertidos es decidir si el alcance de la ley debe quedar sujeto a cada provincia que lo solicite. Para Lainez, esto significa un retroceso. Según su opinión, el propio Estado Nacional es el que debe instalar las escuelas según crea conveniente. Sin embargo, la ley sufre esta modificación. Finalmente, luego de pasar por la Cámara de Diputados, el proyecto de Lainez es aprobado el 30 de septiembre de 1905. Nacional que transformará la educación en Argentina.
[15:13]En enero de 1906, el presidente Manuel Quintana deja el poder en manos de su vicepresidente, José Figueroa Alcorta, por problemas de salud. El 6 de febrero, la recientemente llamada Ley Lainez, es reglamentada con la firma de Figueroa Alcorta y del ministro de Justicia, Joaquín Víctor González. Aunque su sanción en el Congreso no genera demasiada repercusión, pronto comenzarán a verse sus alcances. El plan de Lainez es pragmático. Busca solucionar el problema del analfabetismo, pero al mismo tiempo, intenta racionalizar el gasto público. En las escuelas creadas gracias a la ley, se enseña a leer y a escribir, además de historia y de geografía. De esa manera, se pretende no solo instruir a los criollos más pobres de las provincias, sino también argentinizar a los hijos de los inmigrantes. Paulatinamente, la escuela primaria comienza a cambiar su fisonomía. En tanto, se vislumbra un silencioso proceso de nacionalización del rumbo escolar. Esto provoca algunas críticas. Según la ley, cada provincia puede instalar las llamadas escuelas fiscales o escuelas Lainez. Pero desde algunos sectores políticos se afirma que, en los hechos, esto no funciona así. Se acusa a la normativa de plasmar una vocación centralizadora del Estado nacional y de ir en contra del espíritu federal de la Constitución. Estos cuestionamientos chocan con la efectividad y aceptación de la ley. La educación nacional permite unir a los niños del país por sobre las diferencias económicas, de clase u origen. La obligatoriedad de la enseñanza provoca que muchos inmigrantes vean la escuela como una herramienta clave para la integración y el ascenso social de sus hijos. Ya, en el primer año de aplicación, se pueden ver los efectos de la Ley Lainez. En 1906, se crean 438 escuelas que representan un 11% del total nacional. En este proceso, resulta determinante el papel de los propios ciudadanos, que donan terrenos para instalar allí una escuela Lainez o directamente la construyen. Una vez dado el primer paso, los emprendedores solicitan al Estado que se haga cargo del pago de los sueldos a los maestros o de mejorar las instalaciones. Esto demuestra que la idea de educación implica algo más que aprender a leer y a escribir. Allí donde el progreso instala un nuevo pueblo o un nuevo barrio, o en zonas rurales cuya población aumenta, hay un grupo de vecinos organizados que hacen posible la instalación de una escuela. No obstante, surgen nuevos conflictos entre el Estado y las provincias. Según la ley, las escuelas Lainez deben ser laicas. Esto provoca que muchas provincias que dictan educación religiosa en sus planes de estudio, comiencen a tener un creciente número de escuelas laicas. Además, los gobiernos provinciales advierten que a los niños se les imparten contenidos de historia y de geografía diagramados desde Buenos Aires. De ese modo, los alumnos aprenden sobre sucesos nacionales, pero desconocen los hechos vinculados a su lugar de origen. Los defensores de estos programas invocan dos argumentos.
[19:29]Por un lado, la integración de los inmigrantes. Se trata de forjar un espíritu argentino en busca del orden y la disciplina social. Por el otro, las provincias, al no tener que hacerse cargo de financiar estas escuelas, reducen considerablemente los gastos públicos. Este último punto es el que favorece la concentración cada vez mayor del sistema educativo en manos del Estado Nacional. A partir de la década de los 30, el crecimiento de las escuelas creadas bajo la normativa de la Ley Lainez es exponencial. El 39% de los establecimientos primarios están bajo el control del Consejo Nacional de Escuelas. Esto provoca la reducción a la mitad de la tasa de analfabetismo que había en 1905. En estos años, comienza a crecer la injerencia del Estado en diferentes ámbitos. Además, durante la década de los 30, las escuelas Lainez dejan de tener como objetivo principal la alfabetización. La escolarización pasa de 4 a 6 años, equiparándose con el resto de las escuelas primarias, al mismo tiempo que aumentan los contenidos para enseñar. Poco a poco, son reconocidas como instituciones de calidad superior a las de origen provincial. Es la época de esplendor de la Ley Lainez. Sin embargo, tiempo más tarde comenzarán los problemas.
[21:16]Los gobiernos conservadores que dominan el país durante la década de los 30 ven en la escuela una poderosa herramienta de control social. Con el arribo del peronismo al poder en 1946, la educación ocupará un lugar importante en su discurso, recuperando su rol como herramienta de progreso del país. Pero, a partir de la autodenominada Revolución Libertadora, que en 1955 derroca a Juan Domingo Perón, se multiplican las voces que apoyan un retroceso del Estado en el área educativa. Aumenta el número de colegios privados religiosos y las provincias piden mayores controles sobre la enseñanza que se imparte en sus territorios. En ese marco, el gobierno militar inicia un camino de constante dependencia con los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La recomendación que surge es siempre la misma: el Estado debe achicar el gasto público.
[22:53]De esta manera, durante 1968, 1970, 1971 y 1980, el Estado reduce fuertemente las asignaciones al ámbito escolar. Se va desmantelando el sistema educativo estatal mediante el dictado de leyes o decretos o la transferencia de escuelas a sus respectivas jurisdicciones. En todos los casos, la excusa para estos ajustes es la defensa del federalismo y el respeto a la Constitución Nacional. Paradójicamente, los encargados de esgrimir estas excusas son militares que han llegado al poder mediante la violencia. El 14 de abril de 1993, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y en plena expansión del modelo neoliberal en el país, es sancionada en el Congreso la Ley Federal de Educación. Con ella se profundiza el proceso de transferencia de los colegios a la órbita de las provincias. El Estado Nacional no coordina los contenidos que se dictan en las diferentes provincias. Al mismo tiempo, se agrava el problema del financiamiento.
[24:20]El gobierno nacional traspasa las escuelas, pero no los fondos necesarios para que estas funcionen correctamente. En este contexto caótico, la fragmentación del sistema educativo es notoria. La calidad educativa en las provincias con mayor presupuesto dista mucho de la que se aprecia en las zonas más pobres del país. Además, la educación privada crece y expone aún más la desigualdad entre los propios habitantes del país. La crisis económica, política y social que desata la aplicación del neoliberalismo en la Argentina produce una vuelta atrás en muchas de las medidas aplicadas en la década anterior. Por ello, el 14 de diciembre de 2006, se aprueba una nueva Ley Nacional de Educación, que reemplaza a la ley de 1993. Con el fin de discutir la nueva legislación, participan todos los actores relacionados con el mundo educativo y el de la ciudadanía en general. Entre otras cuestiones, se establece una ampliación de los años que fija la obligatoriedad escolar de 10 a 13.
[25:46]Asimismo, se mantiene el federalismo educativo, pero estableciendo una estructura común para todo el país. Se retoma el modo de escuelas primarias y secundarias. Además, la nueva configuración contempla la educación preescolar, rural, artística, especial, intercultural bilingüe y no formal. Se estipula la implementación de organismos de consulta y de coordinación federal. Y se fomenta la creación de un canal estatal de televisión educativa. En relación con las inversiones, la nueva legislación se complementa con la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005. Se apunta a establecer un aumento progresivo de los fondos destinados a la enseñanza. Así, se busca lentamente dejar atrás el proceso de desmantelamiento de la escuela pública.
[26:59]La sanción de la Ley Lainez, en 1905, posibilita que la escuela llegue a lugares postergados y opere como agente de transformación en la sociedad. La educación permite la integración y el ascenso social a los hijos de los inmigrantes.
[27:36]Se reduce drásticamente el analfabetismo y aumenta la escolaridad. Pero, luego del derrocamiento de Perón en 1955, el sistema estatal retrocede lentamente a favor del sector privado. Al mismo tiempo, desde algunas provincias se comienza a pedir mayor control sobre la educación impartida en sus territorios. La Ley Federal de 1993, sancionada durante la máxima expansión del neoliberalismo, provoca la fragmentación del sistema educativo. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Estado vuelve a interesarse en los destinos de la educación. De la conflictividad social de principios del siglo 20, a los nuevos desafíos de comienzos del siglo 21, el sistema educativo argentino, integrador y amplio, sigue adaptándose a las cambiantes demandas de su tiempo.
