Puntos de vista | Mejorando la gestión de los convenios de gobierno a gobierno

[0:06]El nuevo gobierno tendrá como tareas urgentes controlar la pandemia por la COVID-19 y reactivar la economía. Y para esta última, el incremento sustancial de la capacidad del Estado para hacer infraestructura pública será determinante. Está claro que esto requiere reformar la Ley de Contrataciones y la regulación de las obras por administración directa. Así como también optimizar el uso de otras modalidades de desarrollo de infraestructura pública, mejorando, claro está, primero la gobernanza y los marcos regulatorios de mecanismos como las obras por impuesto, las Asociaciones Público-Privadas y los convenios de gobierno a gobierno, los famosos G2G, últimamente tan de moda para hacerlos más transparentes, fiscalmente sostenibles y sobre todo fortalecer las capacidades de gestión en el sector público. Lamentablemente, el Estado registra la falta de ejecución de alrededor de 18,000 millones de soles anuales en inversiones. Y en los últimos tiempos, los gobiernos de turno están apostando a que las grandes infraestructuras se hagan mediante el mecanismo de gobierno a gobierno, seguramente impulsados por los buenos resultados obtenidos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, implementado a través de un G2G con Reino Unido entre el 2017 y el 2019. A la fecha, existen tres convenios vigentes, uno con Corea del Sur para el aeropuerto de Chinchero en Cusco, otro con Francia para los hospitales Lorena en Cusco y Sergio Bernales en Lima y uno tercero con Reino Unido para la reconstrucción con cambios. Pero además hay un cuarto convenio en proceso de negociación que sería suscrito próximamente con Francia para la carretera Central en Lima y Junín, así como para la vía expresa Santa Rosa en el Callao. Y dos más que están gestionándose para las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y otros dos en materias de educación y saneamiento que vienen siendo evaluados. Estos mecanismos permiten desarrollar infraestructura pública con financiamiento del Tesoro Público de manera directa e inmediata. Para ello se contrata la asistencia técnica para la implementación de una oficina de gestión de proyectos con personal altamente calificado. Se gestionan los procesos de contratación, la procura para la realización de las obras a través de estándares contractuales internacionales, prescindiendo de la Ley de Contrataciones peruana. Así como para la transferencia de conocimientos para mejorar las capacidades de las contrapartes públicas peruanas. Evidentemente, estos convenios tienen un costo. 76 millones de dólares en dos años que vencieron en octubre del 2019 en el caso del Reino Unido para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cuya inversión ascendió a 1,248 millones de dólares. 157 millones de dólares en dos años que vencen en abril del 2022 también con Reino Unido para la reconstrucción con cambios, cuya inversión se estima inicialmente en 1,430 millones de dólares. 30 millones de dólares en cinco años que vencen en noviembre del 2024 con Corea del Sur para el aeropuerto de Chinchero, que se estima costará 663 millones de dólares. Y finalmente 19 millones de dólares en tres años que vencen en junio del 2023 con Francia para los hospitales en los cuales se invertiría 375 millones de dólares. El esfuerzo presupuestario estatal para disponer de los recursos para financiar todas estas obras en los próximos años va a ser muy grande. Sobre todo si consideramos las obras viales que se realizarían en el marco del convenio con Francia próximamente a suscribirse y que tendrán un costo aproximado de 3,376 millones de dólares. Así como las que se vienen negociando en la línea 3 y 4 del Metro por más de 9,800 millones de dólares. Por todo eso es necesario evaluarlos detenidamente para cautelar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero además, por otro lado, resulta conveniente mencionar que a la fecha, en función de los resultados de 17 informes de control concurrentes elaborados por la Contraloría General, los tres G2G vigentes con Corea del Sur, Francia y Reino Unido están atrasados por razones atribuibles al desempeño del Estado peruano para presentar oportunamente los estudios entre otras razones. Lo que podría acarrear mayores costos por la ampliación de plazos y dilataría la obtención oportuna de los beneficios esperados. Pareciera entonces que más allá de las ventajas que ofrece este mecanismo, es indispensable que el nuevo gobierno, aprendiendo de todas estas experiencias, establezca en qué casos suscribir un convenio de gobierno a gobierno genera ampliamente valor público. Afine su diseño, ejerza una mejor supervisión, gestione apropiadamente los riesgos en la ejecución de los compromisos asumidos estatalmente y asegure una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura desarrollada. Solo así se podrá incrementar significativamente la actual limitada capacidad de inversión pública que tenemos en nuestro país.