[0:04]Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Recientemente se puso muy de moda hablar de los desastres nucleares. Esto gracias a la serie televisiva Chernobyl, producida por HBO y donde se relata en una forma más o menos histórica la manera en que este accidente se produjo. Muchos creen que esta clase de desastres son únicos de los países desarrollados con tecnología nuclear a su disposición. Si apostaran sobre esta afirmación, seguramente perderían. Previamente en Yolocamotes hemos hablado ya sobre este tema. Uno fue sobre la contaminación radioactiva a la leche Conasupo que afectó a toda una generación, así como su descendencia y la otra sobre la planta nuclear de Laguna Verde. Donde esta ha tenido un sinfín de percances que han sido silenciados por el gobierno. Pero existe aún uno más, otro desastre que podría considerarse no solo el más grande en la historia de México, sino muy probablemente del mundo, debido a las condiciones en la que esta sucedió. Hoy deseo platicarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes, aunque no tiene el placer de recordarlo, pero si el gusto de traerlo ante ustedes, les presenta el día de hoy, el mayor desastre nuclear en la historia de México. Dos años antes de que sucediera la catástrofe de Chernobyl, en México ocurrió el mayor accidente nuclear del continente americano y que poco o nada trascendió en los medios internacionales. La tragedia se le conoce hoy como el incidente del cobalto 60. Esto en Ciudad Juárez y tuvo su origen en una bodega del Hospital privado Centro Médico de Especialidades. En 1977, durante la administración del presidente José López Portillo y sin los permisos necesarios, sobornando al personal de aduana, es decir, servidores públicos que debieron de haber cumplido con su labor, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del Centro Médico de Especialidades, Hospital Privado de Ciudad Juárez, en Chihuahua, compraron una máquina de radioterapia marca Picker, equipada con una bomba de cobalto 60 por 16,000 dólares. El cobalto 60 es un isótopo radiactivo sintético que emite rayos gamma y se emplea para tratar a pacientes con cáncer. Este equipo había sido desechado por el Methodist Hospital en Lubbock, Texas por considerarlo obsoleto. A su vez fue adquirido por la empresa X-ray Equipment Co. de Fort Worth, también en Texas. Y este a su vez en 1977 fue adquirido por el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. Este cobalto se estimó que su actividad era de 1,003 curies. Para darnos una idea de la radiación que esto equivale, tan solo un Curie sería suficiente para matar a cualquier persona. Por falta de personal capacitado para operarlo, la máquina nunca se utilizó y quedó abandonada en un almacén durante 6 años. Hasta que el 6 de diciembre de 1983, el jefe de mantenimiento del hospital, viendo que Vicente Sotelo Alardín, trabajador del mismo y su amigo Ricardo Hernández necesitaban dinero, les dijo a ambos, "¡Órale! ¡Ahí están esos fierros!" Llévenselos para que saquen para unos refrescos. Por lo que Vicente y Ricardo, simplemente tomaron la máquina y decidieron venderla como chatarra. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto. Un cilindro que contenía el material radiactivo de aproximadamente 6,000 balines de 1 milímetro de diámetro. Una vez que la máquina fue desarmada, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta y la llevaron hacia el depósito de chatarra Fénix, donde les pagaron 1,500 pesos. En el camino al depósito, la camioneta fue desperdigando el material radiactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en un informe secreto que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del depósito Fénix y a su vez, este, la vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A., Achisa, y la maquiladora Falcón de Juárez S.A. Ambas usaron el material radiactivo para fabricar mesas y varillas de acero corrugado, muy empleadas en la construcción de edificios. Todo este material, unas 6,000 toneladas aproximadamente, se distribuyeron a más de la mitad de los estados del país, así como también se exportó a los Estados Unidos. El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla mexicana en Nuevo México, Estados Unidos, y que pasaba cerca del laboratorio nuclear de Los Álamos, hizo saltar los detectores de radiación de este lugar.
[4:57]Cabe señalar que en este laboratorio se construyó la primera bomba atómica operativa. Las autoridades nucleares de los Estados Unidos alertaron a México de la contaminación. Y 10 días después dieron con una de las principales fuentes de radiación, la camioneta de Sotelo. Estacionada en la Colonia Altavista de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. La camioneta del intendente estuvo estacionada frente a su casa varios meses, esto debido a que la habían robado la camioneta. Así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, todos recibiendo altas dosis de radiación. Debido a que no se contaban con suficientes inspectores nucleares en el país, el gobierno de Jolopo, José López Portillo, improvisó a supuestos expertos nucleares. Simples empleados de la Secretaría de Salud sin conocimientos ni experiencia en el tema. Esto para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. Se les dio batas blancas, se les subió a un camiones y se les llevó a buscar desechos radiactivos. 9 meses después, tan solo en Chihuahua, se habían recolectado 20,000 toneladas de desechos radiactivos y todos cerca de zonas habitadas. El gobierno mexicano con todo y vergüenza solicitó ayuda a los Estados Unidos, pero con la condición de que esta fuese muy discreta, pues no se quería dañar la imagen de un México fuerte y moderno. Helicópteros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sin insignia de aquel país, sobrevolaron las principales zonas afectadas. Tropas en uniforme del ejército de los Estados Unidos ayudaron en la labor de localización y recolección de los balines milimétricos, los cuales estaban en todas partes. Conetas, llantas de automóviles, camellones y en más de 400 kilómetros de carretera hasta Chihuahua. La disposición final de todos los desechos, después de que el personal militar de los Estados Unidos se retirara, fue realizado en su mayor parte por los trabajadores de las empresas afectadas. Tardando varios meses en enterrarlos, labor que se hizo a mano y con palas. El gobierno mexicano dispuso como lugar para el depósito de los desechos, una zona conocida como El Vergel, en las dunas de San Malaya. Sobre un acuífero y sin ninguna medida de precaución y tan solo a unos metros del suelo. Pero no se preocupen, estos desechos altamente radiactivos se enterraron en una muy seguras y antirradiactivas bolsas de plástico negras. De esas que empleamos para la basura y si les queda alguna duda, se le roció una lechería de cemento encima para macizarlas. Esto, según testimonios de uno de los trabajadores que estuvo en contacto con estos elementos radiactivos. Otra parte de los desechos, en específico varilla, se enterró en Hidalgo, el Estado de México y Sinaloa. Además, a todos los trabajadores, en especial los de Achisa, se les obligó a recolectar los desechos sin protección alguna. Esto bajo pena de ser despedidos. Cuando los trabajadores llevaron la queja a sus sindicatos, estos les reiteraron la amenaza de despido. Ante las crecientes quejas, se les hicieron exámenes médicos a los trabajadores para determinar si la radiación les había afectado. Pero los resultados jamás fueron revelados. Esto por decisión del entonces líder sindical, Napoleón Gómez Sada, padre de otro abnegado líder sindical y hoy senador, Napoleón Gómez Urrutia. Y como si fueran capataces en modernas haciendas del siglo XX, o comisarios soviéticos, los representantes sindicales y los representantes de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, supervisaban por supuesto, de lejos y detrás de tambos de agua, las labores de recolección del material radiactivo. Si alguien se osaba a trabajar, se le despedía en el acto. En el año 2001, se descubrió que 110 toneladas de material que se había enterrado en esas seguras y herméticas bolsas de plástico, estaban al aire libre, liberando alegremente altos niveles de radiación al medio ambiente. Se estima que los vecinos próximos al vehículo, así como los trabajadores de las empresas que compraron el metal, fueron impactados con 10 veces más radiación que el incidente en 1979 de la planta nuclear de Three Mile Island en el estado de Pennsylvania en los Estados Unidos. Hasta entonces, el mayor desastre nuclear en el continente americano. Según las autoridades nucleares de los Estados Unidos, se liberaron 100 veces más radiación en Ciudad Juárez, que en Pennsylvania. Los medidores detectaron que la camioneta de Sotelo arrojaba en algunas partes casi 1,000 Rads. Radiación equivalente a 20,000 radiografías. El centro médico donde se había sacado la máquina de rayos X, intentó culpar a Sotelo, diciendo que se la había robado y que ellos mantenían los mayores y más estrictos controles de seguridad, que Sotelo los había violado todos. Víctor Sotelo fue amenazado por el director y el administrador del hospital, y forzado a firmar una declaración donde decía que había robado la máquina. Sotelo declararía posteriormente que jamás le fue dicho que esta máquina representaba alguna clase de peligro. Las autoridades mexicanas, siempre audaces, inteligentes y responsables, decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Incluso hoy en día, se desconoce la cifra exacta de cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo, derivado de la radiación. Existieron 109 centros de distribución del material contaminado en más de la mitad de los estados del país. Algunos de los afectados y vecinos de Vicente dejaron de hacerse revisiones médicas en el hospital debido a que no tenían cómo pagar los medicamentos, así como el transporte. Es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo, dada la exposición a la radiación y la cantidad de radiactividad. En los Estados Unidos se recuperó el 90% de las varillas contaminadas, así como se demolieron todos los inmuebles que presentaron alguna clase de radiactividad. En México se demolieron 814 inmuebles, pero más de 17,000 construcciones donde se encontró radiación por estas varillas, se determinó que sus niveles de radiación no eran letales. Pero, por supuesto, sí podrían ser letales financieramente a la paraestatal Achisa, por lo que no se hizo nada. Además, 1,000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, con lo que se podrían construir unas 300 casas de tamaño medio. Incluso, según la versión de varios trabajadores que transportaron parte de las varillas contaminadas para ser enterradas, afirmaron que estas no tenían radiación alguna. Asegurando que el personal del Gobierno Federal les había entregado varillas tan solo para ser transportadas como parte de un circo mediático. Esto para aparentar que las habían recuperado. Ante la incapacidad o algún otro motivo, muy probablemente económico, por parte de las autoridades por dar con el material radiactivo. Al menos 23 personas, trabajadores del depósito de chatarra, sufrieron oligospermia, es decir, escasa cantidad de espermatozoides, así como azoospermia, una inadecuada producción de esperma.
[12:09]Esto después de estar en contacto con la radiación. Otro de ellos sufrió quemaduras en las manos y tres trabajadores más presentaron leucopenia, es decir, un nivel bajo de glóbulos blancos. Las autoridades mexicanas dieron seguimiento a 10 casos de personas que estuvieron en contacto con la contaminación. De ahí resolvieron que no existía daño severo a corto plazo, pero que no se podían descartar futuros problemas biológicos. A corto plazo, los síntomas visibles fueron quemaduras, vómitos, cefaleas o lesión medular. A mediano plazo la radiación provoca esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. El daño más grave que sufrió la población de Ciudad Juárez fue la exposición a largo plazo. Para que esto sea más claro, una radiación menor, pero constante durante 30 o 40 años, se estima que ha provocado leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo, cáncer de huesos, desórdenes genéticos hereditarios. El gobierno mexicano estaba consciente de ello, al grado que esto aparecía en el informe final. Pero decidieron no hacer nada, ni siquiera alertar a la población. El Gobierno Mexicano oficialmente dijo, que todo estaba controlado, el accidente fue grave, pero el susto ya pasó. Al igual como sucedió con el accidente de Chernobyl en la Unión Soviética, en lo que actualmente es Ucrania y Bielorrusia, el gobierno actuó de manera opaca con la población. Minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis, pretendiendo actuar de manera responsable y con conocimiento. Los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo, el Estado de México recibieron la varilla contaminada. En años recientes, se han reportado cientos de casos de cáncer, así como otras afectaciones graves de la salud en aquellos lugares donde la varilla empleada para las construcciones había sido catalogada como segura. Todos los gobiernos de distintos colores y tamaños solo han mostrado indiferencia y se echan mutuamente la culpa. Los representantes del hospital, el médico Abelardo Lemus Rocha, que ilegalmente introdujeron esta máquina al país y que no la tuvieron bajo el debido resguardo y con los señalamientos adecuados, aseguraron que ellos no tenían la culpa de que les hubiesen sustraído la máquina y que tampoco tenían por qué haber puesto algún letrero de peligro, pues estaba en un lugar seguro. La tragedia que llevaría a México a ocupar el primer lugar en contaminación radiactiva en el continente americano, pronto fue minimizada por las autoridades federales. Se presentó un informe secreto en 1985 por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. No se argüía que aún cuando existía riesgo de contaminación radiactiva, esta sería mínima y que las varillas y demás componentes para la construcción, aún podrían usarse y ser financieramente rentables. En este informe, por cierto, catalogado como secreto de Estado, daba cuenta a las distintas autoridades gubernamentales que existirían problemas futuros dependiendo de las dosis recibidas, tales como neoplasias, leucemias, cambios degenerativos, acortamiento de la vida y efectos genéticos en los descendientes de los expuestos a la radiación. ¿Pero por qué se manejó de esta manera? Si a fin de cuentas, la función de la Comisión Nacional Nuclear es la de salvaguardar la seguridad de los mexicanos y no presentar informes de rentabilidad económica de unas varillas. Esto se debe a que Aceros de Chihuahua S.A., Achisa, después de la nacionalización de la banca, pasó a engrosar la lista de paraestatales del Estado y toda la varilla contaminada también formaba parte de los activos de la misma. Y el deshacerse de ella hubiese representado una gran pérdida financiera para el Estado Mexicano. El hermetismo con que fue manejado el accidente nuclear solo tenía una explicación, así como un nombre. Clemente Licón Baca, accionista y miembro del Consejo de Administración del centro médico de donde se sustrajo la máquina radiactiva y la cual había sido importada ilegalmente al país. Licón Baca se desempeñaba al mismo tiempo como oficial mayor de la Secretaría de Energías, Minas e Industria Paraestatal, a cuyo orden se encontraba la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Además de ser miembro de cierto partido, que nos revolucionó a todos de manera institucional. Como dicen por ahí, para taparle el ojo al macho, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, así como la Secretaría de Salud, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable y caiga quien caiga. Hasta hoy, el año 2019, esa misma carpeta está junto a otras tan importantes para el gobierno, como las que se han abierto para investigar crímenes, como el 68, Ayotzinapa, el sobreprecio en la Estela de Luz, el asesinato de Colosio, ¿quién se robó el penacho de Moctezuma?, ¿quién fue el culpable de las explosiones de gasolina en Guadalajara en 1992? De la devaluación de 1994, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos en espera de alguna actualización, que seguramente llegará muy pronto. En aquel tiempo, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, estaba encabezada por Francisco Labastida Ochoa, miembro ilustre del partido dinosáurico, el cual llevó al fracaso al Programa Nacional de Energía y que años después fuera candidato presidencial, pero que perdería ante Vicente Fox. El accidente nuclear se dio cuando Emilio Gamboa Patrón era Secretario particular del Presidente José López Portillo. Manuel Barlett Díaz, el hoy Secretario de la Comisión Federal de Electricidad, era en aquel entonces Secretario de Gobernación. Guillermo Soberón, Secretario de Salud. Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo. Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Presupuesto, y Marcelo Javelly Gerard, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Todas ellas, dependencias relacionadas en la solución al accidente nuclear. No hicieron nada, aún a pesar de contar con el informe secreto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Al examinar la trayectoria de Licón Baca, se puede observar su cercanía con el poder. Sería largo y extenso, mencionar los puertos gubernamentales los cuales ocupó, pero que explicarían el porqué, quizá jamás se le cuestionó. Siete años después, en 1991, cuando ya nadie se acordaba del supuesto accidente de Ciudad Juárez, el trabajador Vicente Sotelo fue aprendido. Se le acusó de robo y por atentar contra la salud pública. En la cárcel le apodaron El Cobalto y en 1993, 2 años después, recuperó la libertad. 35 años después del supuesto accidente, miles de casos raros, con mutaciones y malformaciones, surgen por doquier. Y muertes por etiologías desconocidas son justificadas por los médicos en nuestro país, alegando que este aumento desproporcionado en los casos de cáncer es por la mala alimentación y estilo de vida. Y aunque es verdad que la alimentación, el estilo de vida y las emociones negativas, son factores que contribuyen al desarrollo del cáncer, no son los únicos. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de cáncer en México se multiplicaron desde 1984 hasta 1997 hasta en un 60% y continúa en aumento desde sus años. Algo que va más allá de una estadística normal. El historial en el manejo de desechos nucleares y radiactivos del Gobierno Mexicano, ha sido sencillamente pésimo, por no decir nefasto y criminal. Años más tarde se importaría leches radioactivas que se daría a las familias más pobres bajo el programa de Liconza, a cuyo cargo estaba el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y del cual ya les he hablado en otro video. Por cierto, los trabajadores de Achisa que estuvieron expuestos a estos materiales, a lo largo de los años fueron desarrollando distintos problemas de salud, tales como cáncer o muertes súbitas por enfermedades misteriosas. Todas estas, según las autoridades, fueron muertes naturales, porque, por supuesto, la muerte a fin de cuentas es algo natural. En todo el país, cientos, sino es que miles de construcciones continúan emanando radiactividad, la cual a dosis en corto plazo no es letal. Pero a casi 40 años, ciertamente lo es. Quizá ello explicaría muchos del porqué a pesar de llevar una dieta y hábitos sanos, aún así, intermitentemente son presas de enfermedades mortales. No hubo culpables. Muchos de los responsables aún gozan de buena salud y llevan una buena vida. La niñez y la juventud de ese entonces, adultos del día de hoy, fueron comprometidas. Las generaciones posteriores heredaron de sus padres una herencia mortal. Como lo demuestra el aumento vertiginoso en los casos de cáncer infantil en México. Otros casos de negligencia nuclear, como Laguna Verde, la única planta nuclear de México, ha tenido una serie de accidentes importantes que jamás salieron a la opinión pública. Los robos a componentes de material radiactivo en el país son alarmantes, algunos de los cuales nunca se han podido recuperar. Todo esto pone en una muy seria cuestión si algún día el Gobierno Mexicano decidiera de nuevo emprender algún programa de generación eléctrica a base de energía nuclear. Pues ha sido más que evidente que para este siempre han pesado más los factores económicos que los humanos. Por desgracia, no hay final feliz en esta historia. La fuente radiactiva de aquellas varillas aún sigue ahí. En edificios, casas y otra clase de construcciones, emanando su mortal contenido. Y para mala suerte, quizá algunos de nosotros estemos rodeados de ella.
